El legislador del peronismo disidente cuestionó esa norma elaborada por el Gobierno al asegurar que “no utiliza criterios técnicos, económicos, demográficos o territoriales para determinar los límites a la cantidad de licencias, desconociendo la realidad de las provincias”.
De esa manera –advirtió en la entrevista- existe “el serio riesgo de que, en el desorden de implementación de la ley, algunas regiones del país pierdan el acceso a los servicios de radio y televisión que hoy tienen”.
De Narváez también sostuvo que uno de los “puntos más cuestionable” de la norma “es, sin duda, la Autoridad de Aplicación y todos los demás órganos que crea, por su indiscutible dependencia del Poder Ejecutivo Nacional”.
Dijo que a la Autoridad de Aplicación se la faculta de “una excesiva discrecionalidad” pues “dicta y modifica normas, las ejecuta y además aplica sanciones”.
El diputado nacional también mencionó en sus críticas “los vicios generados” en el proceso de tratamiento legislativo y sanción de la ley, los cuales llevaron a la Justicia a frenar momentáneamente su vigencia.
La jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal hizo lugar a una acción del diputado nacional Enrique Thomas, del peronismo federal, y dictó una medida cautelar –fue apelada por la Casa Rosada- que suspendió la aplicación de la ley de medios
Otros jueces también se han pronunciado por la inconstitucionalidad de varios artículos de esa norma, por lo cual se calcula que esos fallos y las correspondientes apelaciones del Gobierno terminarán por llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De Narváez manifestó su confianza en la Justicia y explicó que su propuesta legislativa “no es derogar” la ley, sino propiciar una serie de reformas para adecuarla “a la normativa internacional y adaptar el régimen de licencias y contenidos a la realidad nacional”.
“Queremos establecer la posibilidad de una implementación progresiva para respetar los derechos adquiridos y permitir una readecuación, basada en un estudio serio de la realidad de las comunicaciones en el país, que garantice el acceso de los servicios audiovisuales a cada uno de los habitantes de la República”, explicó.
También “reformular la Autoridad de Aplicación para que sea un órgano independiente del Poder Ejecutivo y cuyos miembros sean elegidos por concurso, por sus calidades técnico-profesionales como requisito primordial”.
“Es necesario acotar las posibilidades de modificación por parte de la Autoridad de Aplicación de la reglamentación referida al otorgamiento de licencias y contenidos, depositando dicha responsabilidad en el Congreso. Así –concluyó- se garantizará la previsibilidad que permite el desarrollo normal de la actividad”.
De Narváez, un empresario de 56 años de edad, fue electo en 2005 diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, banca que renovó el año pasado al encabezar una lista que se impuso con el 34,5 por ciento de los votos y relegó al segundo puesto al ex presidente Néstor Kirchner, con el 32,1 por ciento.
En el 2007 había sido candidato a gobernador bonaerense secundado por Jorge Macri, fórmula que quedó en tercer lugar con el 14,9 por ciento de los sufragios, detrás de las encabezadas por Daniel Scioli, del kirchnerismo, y de Margarita Stolbizer, de la Coalición Cívica, que obtuvieron el 48,2 por ciento y el 16,6 por ciento, respectivamente. |
