1 - En el plano judicial
Sentencia absolutoria en Santa Fe

El 19 de septiembre de 2007, la sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Santa Fe, confirmó la sentencia que absolvió, a los periodistas Carlos Delicia y Mónica Oller, por la comisión del delito de injurias en perjuicio del abogado Jorge Pedraza. Asimismo, rechazó la acción civil resarcitoria e impuso las costas del proceso al querellante.
Con motivo de la investigación realizada por los periodistas del periódico “Sin Mordaza”, se encontraron indicios sobre una presunta estrategia expuesta por diversos abogados para promover importantes juicios indemnizatorios por parte de quienes habían sido víctimas de la persecución política dispuesta por el gobierno a partir de 1975. En última instancia, los montos resarcitorios serían pagados por el Estado. Entre tales abogados, los periodistas consideraron que se encontraba el querellante. Sobre la base de tales datos y de otros complementarios, los querellados aceptaron la publicación de diversas notas en las cuales se destacaba que, Pedraza, había sido detenido en 1975 por fuerzas policiales con motivo de la comisión de un delito contra la propiedad privada denunciado por los vecinos. Tras su detención, el querellante admitió pertenecer al grupo terrorista “Montoneros”, y al prestar declaración indagatoria, de ella resultaba que había individualizado a otras personas relacionadas con hechos que determinaron el sometimiento de ellas al régimen legal “antisubversivo”.

Pedraza consideró que al ser calificado como delator, tal hecho lesionaba su honor, cuya reparación debía ser dispuesta judicialmente.

El juez Sebastíán Creus, a cuyo voto se adhirieron los jueces Agustín Bassó y Pedro Sobrero, consideró que los términos publicados eran agraviantes para el honor de Pedraza y que se planteaba un conflicto entre ese derecho y el derecho de prensa que correspondía a los periodistas. Colisión de derechos que debía ser resulta atendiendo a las características particulares del caso concreto.

Añadió que la nota publicada localizaba un período muy traumático de la historia argentina que genera un justificado debate público permanente y que, si en su curso, se formula una opinión, ella no puede ser objeto de una condena penal. Por otra parte, estaba acreditada la veracidad de los hechos que sustentaron esas opiniones y que, el argumento reiteradamente expuesto por Pedraza, en orden a que su declaración había sido consecuencia de la tortura a que había sido sometido, no podía alterar el contenido de la sentencia absolutoria.

El juez Creus, invocando la doctrina de la “real malicia”, sostuvo que los hechos publicados eran ciertos y que, por otra parte, no se había probado que los periodistas hubieran obrado con malicia. Destacó que “la vida democrática y la organización republicana no podrían subsistir sin un libre circular de ideas y opiniones sobre la cosa pública y, ante ello, el honor individual debe ceder”. De modo que, si las opiniones no se basan sobre hechos falsos, mal pueden ser penalizadas aunque no sean de nuestro agrado.
La importancia del pronunciamiento judicial, cuyo contenido ADEPA comparte, radica tanto en el reconocimiento del estandard de la “real malicia” cuando se informan hechos referentes a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en hechos de interés institucional o de relevante interés público, como por el reconocimiento de la jerarquía fundamental que, en un régimen republicano, reviste el pluralismo y la consecuente validez de las diversas opiniones que se emiten sobre tales hechos. En síntesis, en nuestra legislación no existe ni es admisible el delito de opinión.

Denuncia de El Sol, de Quilmes

El diario El Sol, de Quilmes, informó a ADEPA  que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena impuesta al medio en la causa “Sciammaro, Liliana y otros c/Diario El Sol de Quilmes”. El monto con intereses y costas supera la cifra de $ 220.000.

Señaló que en 1991 tomó estado público el llamado “caso Romina”.   En el mismo, el juez civil de la Capital Federal, Dr. Caravatti había quitado  a   Liliana Sciammaro la tenencia de su hija menor de edad otorgándosela a su novio, dado que la hija denunció que su madre la obligaba a ejercer la prostitución en un medio en el que también se consumían drogas. El periodista que se ocupó del caso sintió la necesidad de informar considerando que se mostraba el ejemplo de la sana actuación de la Justicia.

Agregó que resuelto el conflicto intrafamiliar, madre, hija y hermanos promovieron demanda civil en conjunto en contra de El Sol, condenando a la suma de $ 220.000 incluyendo costas e intereses. Dijo que estos mismos actores promovieron juicios a Diario El Día, de La Plata; Diario Popular; Diario Crónica; América TV, entre otros.

Por último, El Sol manifiestó que la condena descartó la aplicabilidad de las doctrinas de la Real Malicia y Campillay por entender que solo son aplicables ante casos de noticias falsas o erróneas, lo que no era el caso, en que se trataba de hechos veraces que comprometían la intimidad familiar, atenta contra la libertad de prensa en el ejercicio de la información, exponiendo al diario El Sol a una gravísima situación económica.

Regulación de la publicidad oficial en Tierra del Fuego

A través de la firma de un decreto por parte de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, quedó estipulada la forma en que el Poder Ejecutivo provincial  distribuirá su presupuesto publicitario.

La norma dispone que las pautas del Estado deben “informar objetivamente sobre la gestión  del gobierno”, “comunicar disposiciones normativas”, “preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores”, “difundir políticas públicas relevantes” y “afianzar principios constitucionales”.

El decreto crea un Registro Provincial de Medios de Comunicación, donde deberán inscribirse todos los medios interesados en contratar publicidad con el gobierno.

La medida establece un sistema que asigna diferentes puntajes a los medios según distintos criterios: producción local de contenidos, niveles de audiencia o tiraje y cantidad de empleados, entre otros. En base a ese puntaje se prorrateará el monto disponible para publicidad.

Es la primera provincia argentina en la que se regula la distribución de la publicidad oficial.

2 - Documentos emitidos por ADEPA

9-11-07 -  “Represalias en Ezeiza”
El jueves 8 de noviembre pasado, el gerente de Noticias de Artear, Carlos D’Elía, presentó una denuncia ante ADEPA relacionada con el retiro de la acreditación para desplazarse por el Aeropuerto de Ezeiza al periodista Norberto Dupesso.Con tal motivo, ADEPA emitió el siguiente documento:
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) deplora el retiro de la acreditación profesional del periodista Norberto Dupesso para desempeñarse, como lo viene haciendo desde hace 27 años, en las instalaciones del Aeropuerto de Ezeiza. Su acreditación, en representación de Canal 13 y TN, le valía para tener acceso a cinco zonas de la estación aérea, lo que era imprescindible para el correcto desempeño de sus funciones. Con pretextos burocráticos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se la retiró para canjearla por otra que sólo permite el acceso al hall central, equivalente a los permisos de que gozan los choferes de remises. Dicha autoridad no aceptó la propuesta de Artear de limitar el acceso de Dupesso a las zonas de llegada y partida de pasajeros, contrariando de manera expresa el pleno ejercicio de la libertad de prensa, en una clara actitud de represalia. Dupesso fue el periodista que denunció el accionar de una mafia que robaba pertenencias de los equipajes de los pasajeros en el aeropuerto de Ezeiza y tanto él como los colegas de sus medios han sido hostigados, desde entonces, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria la que, con su actitud, ha eliminado directamente su puesto de labor.
ADEPA se siente obligada a denunciar ante la opinión pública el proceder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria por su manifiesta arbitrariedad y su claro desprecio por la actividad periodística, y hace votos para que actitudes similares no se repitan y, en este preocupante caso, resulten rectificadas.

29-2-08 - Publicidad oficial en Tierra del Fuego
Con motivo de la firma del decreto relacionado con la distribución del presupuesto publicitario por parte de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, el 29 de febrero pasado ADEPA emitió el siguiente documento:
“La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) destaca la preocupación expuesta por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego al regular normativamente y conforme con criterios objetivos de razonabilidad las condiciones para la contratación y distribución de la publicidad oficial a fin de evitar, o al menos reducir, los márgenes de discrecionalidad.
”Mediante el decreto N°183/08 se crea un Registro Provincial de Medios de Comunicación en el que deben inscribirse los medios de prensa y productores interesados en emitir publicidad oficial. Debe advertirse, no obstante, que algunos condicionamientos de carácter burocrático no son siempre de clara satisfacción y pueden terminar contrariando la sana inspiración de la medida.
”ADEPA aspira a que la publicidad oficial se distribuya de manera equitativa y no arbitraria para satisfacer el derecho ciudadano a la información, imprescindible en el sistema republicano y pluralista”.

13-3-08 - ADEPA ante condicionamientos a libertad de programación
Ante la resolución Nº 110/08 emitida por el COMFER referida a la restricción a la libertad de programación, el jueves 13 de marzo ADEPA difundió el siguiente documento:
“La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su preocupación ante la resolución nº 110/08 del COMFER, que constituye un avance sobre la libertad de expresión de los responsables de medios audiovisuales de comunicación.
La medida impone a los operadores de televisión paga condicionamientos que restringen su libertad de programación, al limitar su decisión sobre los contenidos que ofrecen.
De este modo, el Estado ejerce una intromisión en la facultad de programar que afecta al medio y al ciudadano, al establecer normativamente una
determinada oferta informativa.
ADEPA espera que esta situación sea subsanada en defensa de los principios constitucionales que tutelan la libertad de expresión”.

19-3-08 - Preocupa a ADEPA el crimen de un periodista
Debido al asesinato del periodista Juan Carlos Zambrano, quien se desempeñaba como columnista del Canal 7 y de la radio LW8, de Jujuy, ocurrido el 19 marzo, ADEPA emitió la siguiente declaración:
“Un nuevo ingrediente se ha sumado al convulsionado clima político que se vive en Jujuy con el asesinato del periodista Juan Carlos Zambrano. La víctima, conocida por sus denuncias televisivas y radiales sobre distintos aspectos de la vida pública y sindical, recibió un disparo a quemarropa tras ser interceptada por dos desconocidos al llegar a su casa. La inicial detención de un sospechoso no alcanzaba, en estas horas, a despejar todas las dudas. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) debe expresar su especial interés en que una investigación rápida y exhaustiva esclarezca un crimen doloroso y preocupante”*.

27-3-08 - Amenazas al diario Clarín
ADEPA expresó su preocupación a través de un documento, motivada por las intimidaciones lanzadas contra el diario Clarín por parte de una agrupación del Sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano.
El texto dado a conocer es el siguiente:
“La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su preocupación y repudio ante las amenazas contra el diario Clarín formuladas por la agrupación "15 de diciembre" del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano. 
Dicha agrupación amenazó públicamente al matutino con acciones directas en su perjuicio, a raíz de su labor periodística. En las últimas semanas Clarín venía informando sobre la investigación judicial del crimen de Abel Beroiz, ex tesorero del sindicato, producido en la ciudad de Rosario, y en el que se hallarían involucradas personas vinculadas al mismo gremio.
Las amenazas aparecieron primero  en panfletos y vía Internet, y ante una consulta de Clarín no fueron desmentidas. El fin de semana fueron publicadas como solicitadas, con la firmas de Pedro Mariani, Juan Bolischki y Raúl Altamirano, secretarios de la mencionada agrupación.
ADEPA lamenta profundamente este tipo de reacciones violentas que buscan intimidar al periodismo y condicionar la libertad informativa, y solicita a las autoridades las medidas necesarias para prevenir cualquier acción derivada de esta inaceptable amenaza”.

2-4-08 - Preocupan a ADEPA las suspicacias oficiales
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió la siguiente declaración:
“ADEPA asiste con preocupación al creciente clima de suspicacias oficiales hacia la labor de la prensa que se ha exteriorizado en las últimas horas con acusaciones infundadas desde el más alto nivel de conducción del país. Se trata de una interpretación extrema de noticias y opiniones periodísticas expuestas sin otro propósito que reflejar la realidad. Adjudicarle inspiración golpista a la labor de algunos colegas y calificar de mensaje cuasi mafioso una caricatura, constituyen muestras de una intolerancia que urge superar. Lo exigen, así, el respeto al público y su derecho a estar informado, la comprensión del rol de la prensa en el sistema democrático y la salud de una República cansada de desencuentros que no podrán desterrarse con altisonancias”.

Asimismo, ADEPA se pronunció a través de las solicitadas cuyos textos se adjuntan al presente, emitidas en las siguientes fechas:

8-10-07: Asociaciones de prensa de Sudamérica siguen en alerta ante amenazas a la libertad de expresión en el continente.

5-11-07: ADEPA y el deber de información

8-4-08: El rol de los medios

3 - Discriminación y trabas a la labor periodística

Presentación de Mi Ciudad, de Florencio Varela
En octubre pasado, el director del diario Mi Ciudad, de Florencio Varela, Alejandro Suárez, informó a ADEPA sobre la aparición en esa ciudad de una publicación titulada “Panorama Municipal” dedicada, dijo, “a resaltar las obras del gobierno municipal encabezado por el intendente Julio César Pereyra”.
Refiriéndose a la publicidad, Suárez señaló que gente que se identificaba como perteneciente a la Municipalidad de Florencio Varela llamaba a los comercios e industrias locales “para ‘sugerirles’ promocionar en ese medio a fin de ‘evitar futuros inconvenientes’ con respecto a la habilitación de sus negocios”, además de indicar que la revista se iba a repartir junto con las tasas municipales.
Consultado el director de Mi Ciudad a efectos de actualizar esta información, indicó que la revista es de aparición mensual, y que en la segunda edición le fue cambiado el título por “Nuestro Municipio”, y que no fue distribuida con las tasas municipales como se dijo en un principio.

Diario El Día, La Plata
El domingo 28 de octubre último, día de elecciones presidenciales en nuestro país, en la ciudad de La Plata, punteros políticos no identificados comandados por el intendente Julio Alak, intentaron adquirir en los puestos callejeros la edición del diario El Día, ya que contenía una noticia relacionada con el asesinato de los efectivos policiales ocurrido en esa ciudad.
Consultado el tema con el Dr. Fernando Cuello, nos informó que el hecho se produjo aproximadamente entre las 9 y las 10 de la mañana, y que inmediatamente los vendedores comenzaron a comunicarse entre sí, lo que les dio tiempo para dejar a la vista unos pocos ejemplares de El Día resguardando el resto para su clientela habitual.
De acuerdo a lo señalado por el Dr. Cuello, los punteros pudieron comprar en total unos 1.500 ejemplares de El Día.

Denuncia de El Diario de La Pampa
En diciembre pasado, el director periodístico de El Diario de La Pampa, Walter Goñi, denunció ante ADEPA la discriminación  comercial y la embestida judicial a las que eran sometidos por parte del entonces intendente de la ciudad de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno.
De acuerdo a la documentación obrante en la entidad, el funcionario atribuía al diario haber emitido información “falsa”, opiniones agraviantes y desarrollar una actividad destinada a concretar la desestabilización institucional de la gestión a su cargo en la comuna de Santa Rosa, lo cual realizó mediante una denuncia en la fiscalía de turno.
Desde ADEPA le fue remitida una nota al ex intendente Tierno en la que se expresó que “el medio de prensa local tiene una postura crítica sobre la gestión municipal y alguno de sus funcionarios”, agregando que “esa postura es una de las posibilidades que tienen los medios de prensa independientes, que muchas veces se traduce en opiniones políticas que cuestionan los actos gubernamentales con firmeza y vehemencia amparadas por un sistema político democrático institucional”.
Asimismo, se señaló en la misiva que “no le corresponde a ADEPA expedirse sobre las bondades o defectos que pueden conformar los textos impresos en un medio de prensa. Por el contrario, su objetivo reside en preservar la más amplia libertad de prensa y el pluralismo que tipifican a aquel régimen, con el convencimiento de que el lector es el juez más idóneo para aceptar o rechazar la línea editorial de las publicaciones periódicas”.

Denuncia de espionaje a periodista pampeano
El diario La Arena, de Santa Rosa, La Pampa, denunció ante ADEPA un caso de espionaje oficial contra el periodista de ese medio Fernando Ayude, el que habría sido perpetrado por funcionarios municipales de la capital pampeana.
Desde el diario se informó que el caso fue revelado por un empleado comunal que conocía el supuesto espionaje concretado por sus superiores.
Según señaló Leonardo Santesteban, jefe de redacción de La Arena, el caso quedó confirmado cuando fue recibida en la redacción la impresión de dos correos electrónicos interceptados por los presuntos espías y que iban dirigidos al periodista que cubre temas municipales para el medio, además de la clave de seis dígitos que utiliza para su correo personal.
Este episodio se concretó en momentos en que la sociedad santarroseña se encontraba conmovida por las peleas entre el ex intendente municipal Juan Carlos Tierno y diferentes sectores que se oponían a sus métodos de gestión.

Denuncia de Epoca, de Corrientes
El director de Epoca, de Corrientes, Agustín Zacarías, denunció ante ADEPA la suspensión de la pauta publicitaria a ese diario desde mediados de 2006, dijo “a pesar de ser el diario de mayor circulación de la provincia”, y agregó que desde agosto de ese mismo año el gobierno de la provincia tampoco paga las deudas que mantiene con la empresa, lo que provoca un daño a su funcionamiento.
Zacarías señaló que la actividad periodística en general padece en Corrientes los “abusos de un gobierno que impone listas negras, discriminación y todo tipo de presiones a los medios que no le son fielmente obsecuentes”, y añadió que muchos se prestan a ese juego para no perder la pauta publicitaria, la que de todos modos les es pagada con dificultades salvo “excepciones de productoras sospechosamente muy ligadas al gobierno”.
El director de Epoca refirió que la última medida del gobierno provincial en materia de prensa es la tercerización  de la publicidad oficial, la que ha sido puesta en manos de una agencia periodística-publicitaria dirigida por socios políticos de la actual gestión de gobierno.
Añadió que muchos aceptan las imposiciones del gobierno priorizando la pauta publicitaria, lo que no ocurre con Epoca, que prefiere la defensa de los valores que deben ser innegociables, como  la libertad de prensa que es arteramente atacada desde el gobierno de la provincia de Corrientes.

4 - Amenazas y agresiones a periodistas

Agresión a periodista mendocino
El periodista Cruz Calvet, del diario Los Andes, de Mendoza, fue agredido verbalmente por dirigentes del Club Sportivo Independiente Rivadavia de esa ciudad, entre quienes se hallaba el empresario periodístico y presidente de la institución, Daniel Vila, en ocasión de encontrarse en los camarines del estadio.
Según Calvet, las agresiones fueron motivadas por sus publicaciones referidas al asesinato de un hincha dentro del recinto. El periodista formuló la denuncia policial en la comisaría sexta de la capital provincial, mientras las autoridades competentes dilucidan si existieron además agresiones físicas.

Agresión a fotógrafa de Télam
El pasado mes de diciembre  la custodia de la pareja real holandesa agredió a la fotógrafa de Télam, Alejandra Bartoloche, quien pretendía efectuar una toma del matrimonio ascendiendo a un autómovil luego de que una de sus hijas fuera atendida en un sanatorio de Villa La Angostura,  donde se encontraban vacacionando.
El incidente se produjo cuando uno de  los custodios empujó a Bartoloche para evitar que tomara la imagen. Pero la reportera gráfica insistió y volvió a ser agredida al igual que otros fotógrafos a quienes se les impidió registrar el momento.
Los agentes de seguridad continuaron discutiendo unos instantes con los trabajadores de prensa y partieron en otro vehículo detrás del príncipe.

Agresión en Chaco
En enero último, el periodista Martín Andrada, y el camarógrafo Antonio Conesa, corresponsal de Telefé, fueron agredidos en Resistencia por integrantes del  Movimiento Tupac Amaru, mientras cubrían una protesta frente a la Casa de Gobierno.

Amenaza a periodista rosarina
En enero pasado, la periodista Andrea San Esteban, quien se desempeña en la radio LT8 y el diario Rosario/12, entre otros medios, fue amenazada de muerte en una calle de Rosario, por un individuo al que horas más tarde vio observándola desde un automóvil.
Según San Esteban, la intimidación puede relacionarse con una investigación periodística sobre un probable campo de concentración de la última dictadura militar publicada en Rosario/12.
La periodista radicó la denuncia ante la Fiscalía Nº 8 de esa ciudad, a cargo de la Dra. Liliana Di Taranto.

Agresión a Jorge Fontevecchia
El director de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, fue agredido en las inmediaciones de la Plaza de Mayo por un grupo de manifestantes afines al gobierno nacional, en momentos en que se desarrollaba una protesta popular pacífica, el pasado martes 25 del actual.
Fontevecchia cruzaba la calle Florida mientras hablaba por celular con el jefe de Redacción de la revista Noticias, Gustavo González, cuando sintió una fuerte patada en el pecho y un golpe en el rostro, al tiempo que uno de ellos le gritaba: “A vos habría que matarte”. Inmediatamente el agresor fue apartado por varias personas que integraban el mismo grupo.
Se ha solicitado una audiencia con el Jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, para conversar sobre la relación Gobierno/medios de comunicación y sumarnos a la apertura al diálogo propuesta por el Gobierno.

Agresión a periodista de La Arena, de Santa Rosa
El corresponsal del diario La Arena, de Santa Rosa, en Realicó, Aníbal Olivero, fue increpado verbalmente y luego golpeado por un productor agropecuario, cuando se encontraba cubriendo el corte de las rutas 35 y 188 en esa ciudad debido a una protesta multitudinaria contra las retenciones rurales.
Olivero recibió un golpe de puño en el rostro,  a la altura del pómulo izquierdo de parte del empresario agricultor Yamil Amado, quien le pidió al periodista que se retirara del lugar porque, a su entender, “estaba en contra del sector por las opiniones vertidas”.
Olivero radicó la denuncia en la comisaría local, además de adjuntar el correspondiente certificado médico.
Más tarde Amado fue detenido y trasladado a la dependencia policial.
El presidente de la Asociación Rural de Realicó, Carlos Arese, se comunicó con Olivero para transmitirle su solidaridad en nombre de la institución organizadora del movimiento rural y le pidió disculpas en lo personal.

Maltratos a la prensa
El pasado martes 4 del actual, cuando se aprestaban a realizar la cobertura del acto del gremio de camioneros en el estadio del Club Deportivo Español, un grupo de trabajadores de prensa integrado por cronistas y reporteros gráficos fueron agredidos por los responsables de la seguridad de la Confederación General del Trabajo (CGT), que se hallaban en el lugar.
Ante la falta de espacio para desarrollar su tarea, los periodistas de agencias nacionales, internacionales, radios y diarios fueron empujados e insultados con la excusa de que habían llegado tarde y que ya no había lugar para la prensa aunque, dicen, habían llegado al estadio con una hora de anticipación.
Señalan que las agresiones fueron observadas por personal de Presidencia de la Nación que no tomó medidas al respecto.
Asimismo, agregan que estando al costado del escenario, fueron limitados en el desempeño de su función e imposibilitados de circular frente al estrado para tomar imágenes.
Finalmente, fueron trasladados a unos 30 metros detrás del escenario, desde donde era imposible escuchar los discursos o divisar el estrado principal.