• SOLICITADA / El derecho a la información y un sorpresivo proyecto legislativo:

Puede verse restringido el acceso
de la población a diarios y revistas

Cientos de publicaciones de todo el país, del más diverso tamaño empresario, origen y línea editorial, se hallan alertas ante el inminente e inconsulto tratamiento de un proyecto de ley tendiente a derogar la desregulación de la venta de diarios y revistas. Se trata de una normativa que ya tiene ocho años de vigencia, fruto de un amplio consenso entre editores, distribuidores y vendedores, alcanzado luego de una compleja negociación que demandó varios años y preservó los derechos de todos.

Tal desregulación apuntó a modernizar un sistema que había condenado al mercado editorial al atraso, impidiéndole explorar otras formas de acercar nuevos lectores a la prensa escrita, para revalidar su vigencia como herramienta de información y educación.

Los medios de todo el país, en particular los medianos y pequeños del interior, contemplan perplejos cómo se pretende instalar una polémica sin que medie conflicto alguno, y vislumbran la intención oculta de reducir la pluralidad de voces que exhibe el mercado editorial argentino.

Derogar una norma inspirada en principios constitucionales básicos, como las libertades de prensa, comercio y abierta competencia, retrotrae a un pasado en que se pretendía controlar, desde el Estado, los mecanismos a través de los cuales los medios privados llegaban al público, con la aspiración inconfesada de condicionarlos desde lo económico e influir en su línea editorial.

Lo que hoy se cuestiona fue hace no mucho aplaudido, no sólo porque mantuvo beneficios históricos de distribuidores y vendedores (espacios territoriales, devolución de ejemplares), sino porque abrió nuevas alternativas de crecimiento para todos. Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando ratificó la desregulación y el carácter cuentapropista de los distintos actores de la cadena, cuyos márgenes de utilidad se hallan entre los más altos del mundo.

Al pretender derogar un sistema tan pacientemente alcanzado, se desconoce la diversidad de modelos de comercialización que rigen en todo el país, cimentados en usos y costumbres de décadas. Y se cierra la puerta a nuevas posibilidades de venta que puedan ampliar el mercado, en tiempos de crisis de la lectura y fuerte competencia de los medios electrónicos y digitales. El resultado será un paulatino debilitamiento de la prensa escrita, con el consecuente perjuicio de la calidad democrática.

Se persigue, de este modo,  resucitar cuestiones superadas por el sentido común, tales como la pretendida relación laboral entre medios y vendedores o la creación de exageradas comisiones para regular aspectos comerciales de naturaleza privada.

La libre circulación de diarios y revistas está garantizada constitucionalmente. No necesita de “guardianes”, ni estatales ni privados. Tampoco de resabios autoritarios que pretendan digitar dónde, cuándo y cómo deben llegar a la sociedad. Los lectores son mucho más fieles e inteligentes: buscan y eligen a los medios por una relación de confianza cimentada a lo largo de años de credibilidad.
Debemos revalidar ese vínculo de cara a las nuevas generaciones, sin miradas nostálgicas ni confrontativas para evitar que se restrinja el más libre acceso de la población a los diarios y revistas.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2008