La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) observa con preocupación cómo desde la más alta responsabilidad del gobierno se confronta con quienes no comparten sus ideas, desechando el diálogo y descalificando la labor de la prensa libre, sin advertir que la confrontación como método para avalar la acción de gobierno es generadora de conflictos y perturba la convivencia armónica en democracia.
Podemos decir que hay libertad de prensa, sin negar que son cada vez más frecuentes e irritantes los condicionamientos. No es la primera vez que en los últimos cinco años nuestra entidad señala la intolerancia a la crítica y a la diversidad de opiniones por parte del Poder Ejecutivo. Pero es quizás éste el momento en que esa incomodidad con el ejercicio de la libre expresión se ha traducido en reacciones más intemperantes. Así se sucedieron las acusaciones de golpista a la prensa, de generales multimediáticos a sus miembros o de mensaje cuasi-mafioso a una ilustración del reconocido Hermenegildo Sábat.
Los hechos demuestran que las reiteradas advertencias de ADEPA respecto de la cuestionable práctica de señalar a periodistas y medios de comunicación desde la tribuna presidencial tenían sustento. La experiencia enseña que sus efectos multiplicadores escapan con facilidad a la intención del discurso y alientan expresiones de violencia, a menudo incontrolables
En ese sentido se encuadran los mensajes y acciones intimidatorios de personajes afines al gobierno, los ataques organizados en actos oficiales contra algunos medios de prensa y las amenazas de acción directa por parte de ciertos sindicatos.
En los últimos años hemos asistido a situaciones de abuso de poder como interferencias en las comunicaciones; amenazas a familiares de editores (Jorge Fontevecchia); alusiones personales a periodistas (José Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Claudio Savoia, Adrián Ventura o Julio Blanck) o a los medios en que trabajan, llegando a la agresión física (Carlos Furman en la Provincia de Entre Ríos); el caso del ya fallecido Sergio Poma en Salta, condenado judicialmente a no ejercer la profesión por un año, y otros episodios en la provincia de Buenos Aires. También se vivieron situaciones preocupantes en otras provincias, como en La Pampa por parte del ex Intendente Juan Carlos Tierno; en Misiones contra el Diario El Territorio; en Corrientes contra el matutino Epoca, o el maltrato en Formosa a periodistas de un canal de TV durante un reciente proceso electoral. Cómo no recordar que en junio del 2006 se denunció la violación de los correos electrónicos personales de Bartolomé Mitre, director de La Nación; de Daniel Santoro, periodista de Clarín, y de Luis Majul, entre otros. O que en Santa Cruz se dejó de emitir el programa radial “Séptimo día”, de los periodistas Héctor Barabino, Héctor López y Daniel Gatti, ante la amenaza de perder la pauta publicitaria oficial. Asimismo fuimos testigos críticos de hechos discriminatorios como el levantamiento del programa de Víctor Hugo Morales en el canal oficial, y el de Pepe Eliaschev cuyo contrato no fue renovado en Radio Nacional.
La publicidad oficial sigue siendo a nivel nacional, y en la mayoría de las jurisdicciones provinciales, un elemento discrecional utilizado no para asegurar el principio constitucional de información pública, sino como herramienta de dominación a través de premios y castigos. En este sentido ADEPA observa con satisfacción dos hechos: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso del Diario Río Negro, que determinó la inviabilidad de privar arbitrariamente a un medio de prensa de la publicidad oficial, y la reciente autorregulación dispuesta por un decreto del gobierno de Tierra del Fuego, que aún con cierta dosis de innecesario intervencionismo, establece pautas objetivas en este terreno.
La propuesta de realizar una tarea de vigilancia sobre la prensa, desnaturalizando los denominados Observatorios de Medios -herramientas legítimas en tanto revistan seriedad, y emanen únicamente de la sociedad civil-, no puede menos que ser recibida con inquietud. ADEPA lamenta que el anuncio oficial se haya efectuado en circunstancias conflictivas de orden general y en especial relativas a la cobertura periodística de la protesta del sector agropecuario. Se trata de un instrumento que -bajo el eufemístico objetivo de la diversidad- apunta a controlar la tarea informativa desde diversos organismos del Estado, algunos de ellos con poder punitivo como el COMFER.
Esta actitud de menoscabo y hostilidad gubernamental hacia los medios también se observa en el terreno de la radiodifusión. En efecto, ADEPA no puede menos que coincidir -como lo reitera en sus informes desde hace varios años- en la necesidad de actualizar la Ley de Radiodifusión, evitando la regulación de los contenidos periodísticos y contemplando la influencia de los avances tecnológicos.
Pero es preciso señalar que no se debe legislar desde el enojo, por que se envilece el objetivo buscado. Resulta llamativo que el gobierno reflote esta cuestión en el marco de una confrontación con los medios de prensa. Una ley requiere de un debate institucional profundo y desapasionado con todos los sectores involucrados, y de un amplio consenso político y social que asegure su supervivencia.
La Argentina exhibe con orgullo poseer la mayor cantidad de diarios y revistas en América Latina y una multiplicidad de canales de televisión, señales noticiosas, emisoras de radio y sitios de Internet que aseguran la más plena satisfacción del derecho de la ciudadanía a la información, como estímulo y garantía de nuestro sistema institucional democrático.
De ello dan testimonio nuestros cuarenta y cinco años de lucha permanente en favor de la prensa libre y la prédica de nuestros asociados en todo el país, sana expresión de federalismo e independencia editorial.
Por eso, ante declaraciones altisonantes provenientes del oficialismo destinadas a echar sombras sobre medios y periodistas, ADEPA no puede menos que reivindicar la diversidad y pluralidad de expresiones que siempre han caracterizado y caracterizan a la prensa argentina.